La Ley de Alquileres establece que el Ministerio de Justicia debe facilitar ámbitos de mediación y arbitraje gratuitos o de bajo costo para la resolución de conflictos derivados de los alquileres.

En tanto, la obligatoriedad de inscribir los contratos en AFIP entró en vigencia esta semana, y los propietarios que no tengan registrado el contrato podrán ser multados, al tiempo que no podrán llevar adelante juicios de desalojo.

En el caso de que se haya acumulado deuda, el decreto contempla que los inquilinos deberán pagar las deudas de alquileres en un plazo de 6 a 12 meses, sin punitorios.

Según Inquilinos Agrupados, los resultados de la encuesta nacional a inquilinos de enero arrojó que el 40% no sabe dónde va a vivir cuando finalice el decreto.

En tanto, el 35,7% no pudo pagar el alquiler de enero o lo abonó parcialmente, lo que “los ubica en una situación de posible desalojo”.

Gervasio Muñoz, presidente de la federación dijo que “durante la pandemia el decreto evitó que familias quedaran en la calle extendiendo automáticamente los contratos de alquiler y el mercado inmobiliario respondió a esa medida con aumentos de precios que hoy”.

“El panorama hoy es: familias que hace meses acumulan deudas, no tienen dinero para mudanza, no tienen dinero para pagar un nuevo alquiler, y mucho menos para saldar las deudas mientras pagan un nuevo alquiler. La única alternativa es la calle”, advirtió.

Del otro lado de la mesa, Alejandro Bennazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, dijo que “en el mercado habitacional, la acción judicial en un desalojo y en un cobro no son frecuentes”. “Los conflictos se resuelven entre propietarios e inquilinos”, aseguró Bennazar en declaraciones radiales.

El directivo agregó que el sector viene “desde hace 36 meses en un tobogán de caída libre” y aseguró que “el mayor de los problemas para el propietario es la rentabilidad, es la más baja de la historia”.

Días atrás, el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de Argentina (Cofeci) señaló que “continuar con la prórroga indefinida del DNU con las actuales condiciones establecidas, profundiza la problemática de los inquilinos, propietarios e inmobiliarios, generando una incertidumbre angustiante”.

En ese sentido, la entidad propuso la creación de una “tarjeta alquilar”, para subsidiar a los inquilinos y aplicar programas de financiamiento para aquellos inquilinos que hayan generado deudas durante la prórroga del DNU.

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