“Nosotros ya sabíamos y advertimos que en la AFI íbamos a encontrar esta información del espionaje a los familiares, y lo denunciamos en 2018 varias veces pero archivaron la causa”, así lo aseguró a Tiempo Judicial, Valeria Carreras, la abogada de la querella de la mayoría de los familiares de las 44 víctimas del submarino ARA San Juan y quien fue citada a declarar como testigo en esta causa.

La investigación federal ya tomó impulso a un día de la denuncia ya que la fiscalía federal N°2 de Mar del Plata, a cargo de Daniel Adler, ordenó hoy diversas medidas de prueba. Ayer, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, denunció el supuesto espionaje ilegal a las esposas de los 44 marinos que murieron en 2017 producto del hundimiento del submarino por fallas técnicas y de mantenimiento.

Según fuentes de la fiscalía, Adler entendió que deberá investigarse el “presunto desarrollo y producción de actividades de inteligencia ilegal –de acuerdo a la ley 27.126-, del que habrían resultado víctimas familiares y/o allegados” tanto de los 44 tripulantes y personas trasladadas en el submarino ARA San Juan que naufragó en noviembre de 2017.

De acuerdo con la denuncia efectuada, la imputación recae sobre el ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional; el ex director general de la AFI, Gustavo Arribas; la ex subdirectora de la AFI, Silvia Majdalani; y varios agentes de inteligencia. Y solicita la indagatoria de los tres.

Carreras explicó a Tiempo Judicial que ya en 2018 ellos denunciaron “pinchaduras de teléfonos e intromisión a mails personales” pero lo que me transmitió el fiscal Adler me dio “asco”: y dio un dato contundente para la investigación: “Las fechas de los seguimientos y fotografías a las familiares coinciden con arribos presidenciales o de miembros del Poder Ejecutivo a Mar del Plata, también hay información de cómo se comportaban en redes sociales las familias, que personas asistían asiduamente a las marchas y que hablaban en las inmediaciones de la base naval de Mar del Plata. La verdad un asco”, se sinceró ante este medio.

Valeria Carreras, abogada de la querella.

Según se indica en la presentación que dio origen a la investigación, personal de la AFI habría realizado el seguimiento y la recopilación de información vinculada a los familiares y allegados de los fallecidos en el hundimiento del ARA San Juan y el buque Rigel, durante los años 2018 y 2019, actividad que no había sido ordenada por ninguna autoridad judicial.

La Ley Nacional de Inteligencia prohíbe “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.

Carreras denunció que sospechaban del “espionaje ilegal en 2018 pero la denuncia fue archivada por la justicia” de Comodoro Py porque los familiares no entregaron sus celulares para un peritaje. Tramitó ante el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Daniel Rafecas quienes ordenaron el peritaje de los celulares de las mujeres de los submarinistas.

“Ellas nunca iban a entregar los celulares porque en ellos guardan los únicos recuerdos con fotos, audios y videos de sus maridos. Decidieron que no lo iban a entregar y así la causa se archivó aunque creo que había más elementos de prueba para la investigación”, agregó la abogada de los 417 familiares querellantes quienes fueron espiados en sus marchas en la base naval de Mar del Plata rogando porque sus maridos volvieran con vida a sus casas.

¿Qué opinión le merece como abogada de la querella que la AFI espió a sus defendidos sin la autorización judicial correspondiente?

Sin duda como profesional y ciudadana es repudiable e indignante a pesar de ser una historia repetida en la Argentina. Debe tener el más enérgico rechazo y su condena, esperando que con una condena ejemplar se impida a otro gobierno pensar que el camino es el espionaje ilegal.

¿Qué información tiene sobre el supuesto espionaje ilegal a familiares de las víctimas?

Ya nos presentamos en Mar del Plata ante la fiscalía interviniente como representante de la querella y te puedo decir que más allá de la fase 3 que rige en la ciudad tome contacto con el fiscal y me comentó las fotografías en las que aparecen seis mujeres que son familiares de víctimas del submarino.

Estas fechas coinciden con arribos presidenciales a Mar del Plata o de miembros del Poder Ejecutivo, también hay información de cómo se comportaban en redes sociales las familias, que personas asistían asiduamente a las marchas y que hablaban en las inmediaciones de la base naval de Mar del Plata. La verdad un asco.

También hay seguimientos con fichas personales de los familiares, a que se dedicaba, qué tenía y que no tenía, y esto tiene coincidencia con muchas alertas que nosotros avisamos como querella en abril de 2018 donde presentamos una denuncia por pinchaduras de teléfonos e intromisión a los mails así como el comportamiento extraño de redes sociales.

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