El Tribunal Oral Federal N°1 de Córdoba impuso hoy condenas a prisión perpetua por los homicidios calificados de cinco personas cometidos por el Comando Radioeléctrico de la policía de esa provincia, y de hasta nueve años de prisión por las privaciones ilegítimas de la libertad y tormentos causados a otras once víctimas en el centro clandestino de detención “D2”, durante la última dictadura militar.

Los ex policías fueron juzgados por delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia de Córdoba, bajo la órbita del Tercer Cuerpo de Ejército, a cargo del genocida Luciano Benjamín Menéndez. El Comando Radioléctrico era un área de la Policía de Córdoba, inserta en la estructura de operaciones del Tercer Cuerpo de Ejército. Su principal característica fue el despliegue territorial y de comunicación con el sistema de radios. Fue creado en 1964 bajo de dependencia de la Jefatura de Policía y tenía una estructura de unidades. Funcionó en Mariano Moreno 222. 

El primer grupo de hechos que fueron objeto del debate englobó las “privaciones ilegítimas de la libertad y tormentos agravados perpetrados” en el CCD “D2”, un ex centro clandestino de detención durante la última dictadura militar. Fue en perjuicio de 11 víctimas que fueron detenidas en sus domicilios o lugares de trabajo en 1976. En uno de los casos, la víctima fue asesinada luego de haber quedado en un estado deplorable y permanece desaparecida.

En el caso de los cinco homicidios, quedó acreditada la responsabilidad del Comando Radioléctrico. Uno de los asesinados, José Osatinsky, tenía 15 años al momento de los hechos. Se trata de la víctima más joven de los hechos de estas características en Córdoba. Las otras víctimas mortales fueron Gustavo Gabriel Olmedo, Vilma Ethel Ortiz, José Luis Nicola y José Villegas.

Las condenas

Los jueces Julián Falcucci, Jaime Díaz Gavier y José Fabián Asís resolvieron de acuerdo con lo postulado por el representante del Ministerio Público Fiscal en su alegato, el fiscal general Maximiliano Hairabedián, quien por los homicidios doblemente calificados -por alevosía y pluralidad de partícipes- había reclamado perpetuas para los jefes de coche y patrulleros de los móviles policiales Fernando Rocha, Pedro Nolasco Bustos, José Acevedo, Antonio Astrada y Ricardo Perrín.

También fueron condenados por las privaciones ilegítimas de la libertad y tormentos en el centro clandestino de detención Miguel Ángel Gómez -nueve años de prisión por diez hechos-; los policías de Alta Gracia Aníbal Cámara y José Cuello -ambos condenados a cuatro años-, y el ex jefe de la Guardia de Infantería Miguel Bustamante -a dos años de ejecución en suspenso-. Por otra parte, resultaron absueltos los imputados Isaías, Salazar, Núñez, Pérez, Gallego, Barrionuevo, Montiveros y Del Prado, por cuanto para el MPF la prueba tenida en cuenta en el juicio oral generaba dudas acerca de su participación en los hechos investigados.

El TOF comunicó además el rechazo de todos los planteos de las defensas, que pedían la nulidad de la resolución que elevó la causa a juicio, la extinción de la acción penal, la inconstitucionalidad de la prisión perpetua y la vulneración del principio de non bis in ídem -no ser sometido a proceso dos veces por el mismo hecho-. Los magistrados informaron que la lectura de los fundamentos de la sentencia será el 10 de abril, desde las 12.

Las pruebas aportadas por la fiscalía

En su alegato, Hairabedián había señalado que los hechos fueron presentados como enfrentamientos armados según la prueba documental y los comunicados de la época, y en ese sentido declararon varios imputados.

La Fiscalía General, sin embargo, aportó prueba que acreditó que las muertes no fueron producto de enfrentamientos. Una evidencia que resultó fundamental en ese aspecto fue el estudio del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que al encontrar e identificar los restos de Gustavo Gabriel Olmedo -inhumado clandestinamente en una fosa común del Cementerio San Vicente- determinó que había sido ultimado por al menos tres disparos -uno en la cabeza y dos en la región torácica- que habían ingresado desde atrás.

El fiscal destacó el meticuloso trabajo del EAAF; de hecho, la Fiscalía apoyó sus conclusiones proyectando las imágenes del cráneo de la víctima con los orificios de entrada y salidas del proyectil, y gráficos del esqueleto con las líneas de trayectoria de los disparos, que mostraban cómo había sido asesinada por la espalda.

 

Las víctimas

José María Villegas, José Osatinsky, Hugo Alberto Pavón Quiroga, José Luis Nicola, Vilma Ethel Ortíz, Gustavo Gabriel Olmedo, Enrique Obdulio Borgi, Celestino Fidelmiro Ramírez, Macario Bernabé Vaca, Roberto David Garay, Isaac Garay, Roberto Leopoldo Esteso, Mario Tallei, Juan Carlos Molina, Ramona Ángela Sánchez y Carlos Alberto Varella Alves.

Los genocidas juzgados

Del Comando Radioléctrico de la Policía de Córdoba: Ramón Ernesto Abregú, José Acevedo, Nicolás Miguel Aguirre, Antonio Apolinar Astrada, Delfín Jesús Barrionuevo, José Antonio Cuello, Raúl Oscar Del Prado, Aurelio Gallego, Roberto Andrés Isaía, Roberto Juncos, Gilberto Antonio Montiveros, Pedro Nolasco Bustos, Víctor Hugo Núñez, Hugo Oscar Pérez, Ricardo Perrín, Fernando Martín Rocha y Ramón Zalazar.

De la Policía: Miguel Ángel Bustamante, Roque Cámara y Miguel Ángel Gómez.

Del Ejército: Jorge González Navarro (apartado del juicio).

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