En los últimos días, hubo un cruce de declaraciones entre diferentes sectores políticos dentro del organismo que selecciona y juzga a los magistrados: el Consejo de la Magistratura de la Nación. La realidad marca que los problemas tecnológicos en la justicia datan de años, se avanzó mucho, también hubo polémicas contrataciones pero en el marco de la pandemia los juicios orales en Comodoro Py no se frenaron. Sino que se adaptaron a la cuarentena.

El jueves 21 de mayo fue un día agitado en el Consejo con un cruce de cartas entre el diputado de Cambiemos y consejero en representación del Congreso, Pablo Tonelli, y el juez de San Martín y actual presidente del Consejo, Alberto Lugones. ¿Por qué? Por la implementación de la tecnología en la continuidad de los juicios orales por corrupción en los tribunales federales.

El conflicto empezó porque Tonelli le envió una carta a Lugones “preocupado porque consideró inadmisible la respuesta de un funcionario del Consejo (Ricardo Noziglia Wilde) en diversos medios en la cual el Consejo le habría informado a los jueces que integran el TOF 2 que no podrían asistirlo para la realización de un juicio oral de manera remota porque aún no hemos desarrollado una plataforma adecuada”. Y dijo que el CM debe “adaptar las plataformas existentes en el mercado” como se hizo con las “sesiones remotas de ambas cámaras del Congreso”.

Lugones contestó, en otra carta, que reproduce este medio que “Ricardo Noziglia Wilde no es persona autorizada para responder ante los medios”, que “se recabó información de la actividad desarrollada a espaldas de todos nosotros, por el agente mencionado (NdR: Wilde), quien sin autorización de ninguna clase, disparó respuestas automáticas a diversos tribunales, por motivos que aún no se ha podido determinar”. El Director General de Tecnología del organismo es David Conte, agregó el presidente del organismo en su misiva.

“Vuelvo a reiterar hasta que en algún momento se me escuche, que: no son los medios ni los intereses mediáticos, ni políticos los que fijan la trascendencia mayor o menor de las decisiones que en lo personal me corresponde tomar”, respondió Lugones ante la consulta de Tonelli. Pero, cómo funcionan hoy los tribunales orales en el edificio del fuero federal en Comodoro Py 2002.

Juicios orales en cuarentena

Más allá de la disputa político-mediática, Tiempo Judicial realizó un muestreo del funcionamiento de los juicios orales en el marco de la pandemia entre varios operadores judiciales como jueces de tribunales orales, abogados defensores y querellantes, funcionarios de fiscalías y juzgados de instrucción.

La respuesta es similar en todos los casos dependiendo la función que ocupen: la pandemia modificó las condiciones para la realización de un juicio que siempre fue “presencial, oral y público”.

Los juicios que se llevan adelante por delitos federales contienen tres partes: “instrucción, oralidad y ejecución de la pena”. En el marco de las condiciones que impone la pandemia, con restricciones y en forma remota se vienen realizando audiencias de juicios abreviados, de juicios orales, sorteo de causas nuevas, así como los tribunales orales habilitaron el pase de las causas a los juzgados de Ejecución Penal para descomprimir la etapa de la oralidad en lo que tiene que ver con los detenidos, a través de la firma electrónica, el trabajo remoto y la videoconferencia.

En algunos tribunales se están digitalizando actuaciones que no lo estaban para que las partes puedan acceder remotamente, aunque en muchos casos el volumen no solo de legajos sino de documentación lo vuelve dificultoso. En otros casos estuvieron consultando la posibilidad tecnológica del propio tribunal oral poder llevar adelante las audiencias remotas. 

Audiencia del TOF 1 en el juicio a Ricardo Echegaray.

El software que se utiliza para la realización de los juicios orales y púbicos en Comodoro Py es el “Cisco Jabber” ya que el “Lex 100” es el software en el cual tramita el expediente. El Poder Judicial contaba ante de la pandemia con 300 conexiones para empleados o funcionarios que necesiten realizar “teletrabajo” como dispuso la Corte Suprema ante la cuarentena. En este sentido, según fuentes judiciales, se amplió de “300 a 10 mil las conexiones aunque por ahora sólo se usa el 40 por ciento de ellas”. “El principal problema es que hay que comprar nuevos servidores”, agregaron.

Fuentes del Consejo y de Py explicaron a este medio que en el marco de la cuarentena se vienen continuando los juicios ya iniciados por “videoconferencias” y facilitaron una planilla con detalles de las mismas desde el “18 de marzo al 21 de mayo”: por ejemplo el juicio que realizó el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2 el 7 y 8 de mayo, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 1 realizó audiencias de juicio el 20 de abril, el 7 de mayo y el 18 de mayo.

En tanto, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 22 el 23 de abril tuvo audiencia, el juzgado federal 3 realizó una audiencia por videoconferencia el 20 y el 21 de mayo, así como el Tribunal Oral Federal 8 (TOF 8) realizó audiencias el 15 de abril, entre otros, todos en Comodoro Py.

En uno de esos juicios, estuvo presente el juez José Michilini, integrante del TOF 1 y subrogante del Tribunal Oral en lo Penal Económico 1 que juzga a Ricardo Echegaray por presunta importación irregular de un vehículo diplomático, quien explicó a Tiempo Judicial que realizar un juicio oral en cuarentena es “extremadamente complicado porque la oralidad requiere la inmediatez del juez con el testigo y con las partes lo que es muy difícil suplir con un medio tecnológico. Con estas restricciones en las cuales trabajamos por el Covid-19, se pierde la inmediatez de un juicio oral, que siempre fue presencial salvo en algunos causas de lesa humanidad en la cual cuando algún testigo declaró en una embajada en el extranjero”.

En la última audiencia por la plataforma virtual Zoom del proceso penal al ex director de la AFIP, hubo cinco testigos que declararon en forma remota así como estaban conectados desde sus domicilios dos de los tres jueces (Diego García Berro e Ignacio Fornari), las querellas, el fiscal, Echegaray, los abogados defensores León Arslanián y Martín Arias Duval, los letrados de otro imputado y el secretario del tribunal. El único presente en los tribunales era Michilini.

En esa línea, Tomás Farini Duggan, abogado penalista quien representa a un grupo de familiares de víctimas del atentado a la AMIA y transita Py, expresó que “nunca un juicio oral estuvo pensado para desarrollarse de manera remota, esto es inaudito, entonces no hay antecedentes y puede haber problemas con la validez de los actos además de hackeos o intromisiones técnicas. El juicio oral es público y presencial salvo declaraciones testimoniales vía Skype cuando el imputado está en el extranjero”.

“Los juicios orales son la parte más compleja de realizar en el marco de las restricciones que impone la pandemia, hay una diversidad de reclamos como el modo de convocatoria de los testigos, la certificación de la identidad de las personas que está dando su testimonio y las barreras tecnológicas que se necesitan realizar en los tribunales para llevar adelantes las audiencias”, expresó Carolina Lospenatto, secretaria de Asuntos Institucionales de la UEJN y delegada en el edificio. “El fuero penal no paró de trabajar nunca, la oralidad trabajó de manera remota”, expresaron fuentes de otro tribunal oral federal.

“Más allá de aquellos trámites que continuaron respecto de personas detenidas, los tribunales van proveyendo en aquellos casos en que pueden avanzar garantizando la intervención digital de las partes. La dificultad está dada en que el sistema judicial no estaba preparado para esa modalidad. La digitalización del trabajo está muy retrasada y se está volviendo imposible avanzar los casos de ese modo”, explicó un abogado que transita asiduamente estos pasillos, Alejandro Rúa.

En este contexto y ante la polémica, el juez Michilini que asiste a Comodoro Py desde que se decretó la cuarentena dijo que “cada parte puede tener su estrategia para seguir o no el juicio. Nosotros tratamos de seguir adelante con el juicio más allá de esto y tenemos que tener el acuerdo de la querella, de la fiscalía  y de la defensa. Todos queremos hacer audiencias y trabajar. Estamos viendo de qué manera podemos hacerlo porque, por ejemplo, si trasladamos a los testigos se pueden contagiar y desde la casa lo más complejo es valorar que su declaración sea espontánea, y no coaccionada por un tercero”.

Y agregó que es difícil la convocatoria a testigos porque “no lo podemos llamar al tribunal para que viaje en transporte público sino que tratamos que pueda declarar en recintos habilitados”. En este contexto de emergencia, el magistrado de amplia experiencia judicial argumentó que estamos “realizando las audiencias de probation, audiencias con imputados, certificamos los datos personales y hasta grabamos la jura por Zoom ante la presencia de las partes”.

Por último, el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, detalló en una opinión que desde el “15 de abril de 2020 el Tribunal de Superintendencia de la C.F.C.P., dispuso que una vez clausurada la instrucción, se sortearán para ser elevadas a juicio, aquellas causas en las que los imputados se encuentren detenidos. A tales fines, se dictó un protocolo de trabajo en el que se adecuó el funcionamiento de la Oficina de Sorteos a la modalidad de trabajo únicamente por medios digitales y de forma remota, a través de correos electrónicos institucionales y el uso del Sistema de Gestión Judicial -Lex 100-. Ello, con el objetivo de asegurar la prestación adecuada del servicio de justicia, la celeridad y la asignación de los procesos según las competencias legales”. 

Leer nota completa en : www.tiempojudicial.com.ar