Una madre de la Escuela 24 Distrito Escolar 12 del barrio de Floresta compartió un video donde muestra el contenido de uno de los paquetes de galletitas “Azucaritas” que le entregaron como parte de la Canasta Escolar Nutritiva. Allí se ve que una de las galletitas tiene incrustado un pedazo de metal que sobresale el diámetro de la propia galletita. La empresa encargada del servicio es Hispan SA, quien a finales de marzo de este año ya había sido denunciada por las y los docentes del Centro de Primera Infancia N° 1. Legisladores, sindicatos y cooperadoras advierten que, además de no cumplir con la calidad nutricional mínima, las canastas escolares tienen sobreprecios del 100% y denuncian que del presupuesto ejecutado hasta agosto para comedores escolares habría más de 800 millones de pesos ejecutados, cuyo destino se desconoce.

 

 

Escribe: Alejandro Volkind

 

 

Esta semana se realizó una nueva entrega de las Canasta Escolares Nutritiva, como la denomina el Gobierno de la Ciudad, y, nuevamente, hubo denuncias vinculadas a la calidad de los productos entregados.

 

En esta ocasión, una madre de la Escuela 24 Distrito Escolar 12 del barrio de Floresta compartió un video donde muestra el contenido de uno de los paquetes de galletitas “Azucaritas” que le entregaron como parte de la Canasta Escolar Nutritiva. Allí se ve que una de las galletitas tiene incrustado un pedazo de metal que sobresale el diámetro de la propia galletita.

 

“Este posteo lo hago para estemos atentos a las cosas que están dando en las escuelas”, aclara la mujer en el video, que fue también difundido por los sindicatos docentes UTE y Ademys en sus redes sociales.

 

 

Video

 

 

La empresa encargada del servicio es Hispan SA, quien a finales de marzo de este año ya había sido denunciada por las y los docentes del Centro de Primera Infancia N° 1, en el distrito escolar 19 de Flores, por entregar paquetitos de puro pan, y explican que “sus” niños no pueden masticar la barra de pochoclos, que es peligrosa. “Con este el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quiere alimentar a nuestros bebés y a nuestros niños y niñas”, denuncian en un video. Allí muestran, además, que el concesionario (Dassault SA-Hispan SA) les envía para firmar un remito que indica la supuesta recepción de “viandas calientes”.

 

Legisladores, sindicatos y cooperadoras advierten que, además de no cumplir con la calidad nutricional mínima, las canastas escolares tienen sobreprecios del 100% (Ver Ciudad paga la Canasta el doble de su valor) y denuncian que del presupuesto ejecutado hasta agosto para comedores escolares, de $3.531.129.891 sólo 2.672.125.540 se destinó a canastas alimentarias. Es decir, habría más de 800 millones de pesos ejecutados, cuyo destino se desconoce.

 

 

Lucrar con la comida

En Buenos Aires, la ciudad de las concesiones, el servicio de comedores escolares está privatizado. Diecinueve empresas que se constituyeron exclusivamente para brindar este servicio se encargan de preparar 213 mil desayunos y 113 mil almuerzos por día para les niñes que concurren a la escuela pública. Son ellas las que, desde hace más de 20 años, proveen las materias primas a los comedores, elaboran y reparten las viandas y hasta suministran la vajilla que se utiliza en cada comida.

 

Esta continuidad en la tarea, lejos de basarse en la excelencia del servicio, responde a un entramado legal elaborado por el propio gobierno de la Ciudad que les garantiza a estas empresas quedarse con cada licitación que se realiza. ¿El resultado? Un mercado cautivo de estómagos que mueve más de 2000 millones de pesos por año.

 

Sin competencia a la vista y con el aval del Estado, los concesionarios gozan de una tranquilidad que roza la impunidad y que se traduce en una pésima calidad del servicio. “En la Escuela N°21 DE 17 – asegura un informe de la Auditoría porteña- se observó que la carne presenta grasa visible, no es tierna y su sabor no es agradable; se observa faltante de ingredientes en la preparación, que las verduras no son visibles en la ración servida y que el arroz blanco no tiene sabor”. Por si faltara aclararlo, el informe remarca que se observó “una escasa aceptación del menú por parte de los niños”.

 

Esta descripción se repite en cada uno de los 16 informes elaborados desde 2003 por el organismo de control porteño. La mayoría de las observaciones están vinculadas a incumplimientos de aspectos sensibles de las comidas como el gramaje establecido en el pliego, temperaturas de servicio de los alimentos, olor, color y gusto, cumplimiento de regulaciones bromatológicas, capacitación del personal y cuestiones referidas al cumplimiento de normas nacionales.

 

 

 

Imagen. Refrigerio entregado cada 15 días estudiantes secundarios.

 

 

 

Sin embargo, pese a reiterados y groseros incumplimientos -la Auditoría los llegó a denominar “incumplidores seriales-, las sanciones por parte del gobierno son inexistentes. “En los últimos 16 años, solo aparecen tres casos de rescisiones de contratos por culpa del concesionario y ello no se debe precisamente a que las empresas prestan un servicio que no amerite sanciones”, aclara a Mariela Coletta, una de las auditoras.

 

Según informó la legisladora Mariela Bielli, el monto de las multas interpuestas por el Gobierno a estos concesionarios parecen irrisorias al lado del presupuesto millonario asignado a la concesión. Algunas multas fueron de 1.200 pesos, otras de 2.000 o 6.000 pesos. La mayor fue de 32.007 pesos. Según el informe presentado por Bielli, entre 2017 y 2019 la empresa Lamerich, que factura por este servicio un promedio de 100 millones de pesos por año, acumuló tan solo 74.775 pesos en concepto de multas. Situación similar se repite con las otras 18 empresas concesionarias.

 

Terminar con el negocio de los intermediarios

Por este motivo, desde el Observatorio por el Derecho a la Ciudad proponen que el GCBA directamente transfiera los $1.575 a cada familia. «Se eliminan los intermediarios y las familias van a poder duplicar la cantidad de alimentos que reciben actualmente», aseguran.

 

 

En la misma dirección, a mediados de abril, el legislador Santiago Roberto, conjuntamente con otros legisladores, presentó el Proyecto de Ley N° 1017-D-2020 para que el monto destinado a la compra de estas canastas sea directamente entregado mensualmente a las familias mediante una tarjeta magnética.

 

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