La jueza Elena Liberatori falló a favor del amparo presentado por dos padres de la escuela en 2015. Ahora, el gobierno tiene 30 días para reactivar la construcción del nuevo edificio y poner en condiciones el establecimiento actual.

 

 

El amparo fue presentado en 2015 por dos padres de la escuela debido al pésimo estado del edificio y a los reiterados incumplimientos del gobierno en cuento a las mejoras necesarias. “En ese entonces el subsuelo de la escuela estaba todo inundado, había ratas que estaban haciendo caca donde las chicas bailaban y se tiraban al piso, había muchos problemas con la electricidad y pensando qué podíamos hacer, una madre propuso ir a la Defensoría del Pueblo. Ahí arrancamos, y terminamos en un juzgado contencioso administrativo”, cuenta Sandra, una de las amparistas.

 

A partir del amparo, la justicia comenzó a controlar que el gobierno de la Ciudad dé respuestas a las distintas necesidades edilicias de la escuela.

“Todos los arreglos que se hicieron en la escuela son por el amparo”, asegura Sandra. “Por ejemplo un problema con un aula donde caía caca. Esa, específicamente, se arregló por el amparo. También cuestiones de ventiladores, de rotura de paredes, de pisos”, enumera. “El tema es que gran parte de esto se produce por el agua que entra a la escuela, y ese problema persiste porque lo arreglan mal, como en todas las escuelas. Encima la escuela de danzas es una escuela de cartón, literalmente: es una escuela de Corlok, que es una estructura holandesa. Por eso cuando entraron a robar en 2016 lo cortaron con un cuchillo”.

 

 

 

 

 

El doble reclamo

El amparo tenía dos objetivos. Por un lado, la mejora del edificio actual. Por el otro, la exigencia por cumplir con el compromiso asumido por el gobierno de construir un nuevo edificio en la misma manzana.

“Cuando nosotros comenzamos con el tema del amparo teníamos recopilada bastante información y nos encontramos en internet con una lista de las 36 escuelas que se iban a realizar con la plata que se había quedado el gobierno a partir de la venta de los terrenos de Catalinas en 2009, y en el 2011 figuraba la escuela como edificio terminado -recuerda Sandra-. Por eso antes de ir a la Defensoría, acompañamos a los directivos y a los docentes de la escuela a la Legislatura y les comentábamos a los legisladores que el edificio figuraba como terminado y nadie lo podía creer. Hasta figuraba el importe, que eran 22 millones de pesos”.

 

Pero los primeros ladrillos del nuevo edificio se vieron en 2016 y aunque el gobierno aseguró que debería estar terminado en junio de 2019, recién el año pasado se terminaron las primeras tres aulas, que ya presentaron problemas. “Las aulas nuevas que no se pueden usar porque se despegan los espejos y las piletas de los baños cortan a los alumnos”, denuncia Sandra.

 

Ahora, tras el fallo de la jueza Liberatori, el gobierno está obligado a “cumplir con las tareas necesarias tendientes a poner en debidas condiciones la estructura edilicia y las medidas de seguridad de las escuelas Jorge Donn y Fernando Arranz”; y a arbitrar “todas las medidas necesarias a los fines de la finalización de la nueva obra destinada a la Escuela de Danza Jorge Donn que garantice el derecho a un ambiente y seguro para todos los niños, niñas y adolescentes que asisten a esta institución”.

En ese sentido, la jueza le dio al gobierno un plazo de 30 días para que informe y presente documentación sobre los avances de ambas obras, que serán controladas mensualmente.

 

“Cuando llegó la sentencia -cuenta Sandra- me emocioné, porque en estos años pasamos tantas cosas, tanto maltrato. Y el fallo de la jueza expresa mucho de lo que yo siento, como cuando habla de los derechos vulnerados de los niños. Hablan de las escuelas que abrieron y es una mentira. Yo creo que el gobierno de la Ciudad le da más valor a la basura que a un chico que está estudiando en una escuela”.

 

Pese a tantas dificultades, Sandra nunca pensó en bajar los brazos. “Yo tenía que hacer algo porque si no tenía que sacar de la escuela a mi hija. Porque la Jorge Donn, a nivel edilicio, es un desastre. Me acuerdo que una persona me dijo ´los bailarines tienen que bailar en cualquier lado´, y yo le respondí que esta bailarina tiene una madre”, explica Sandra, quien reivindica dar la pelea en la justicia. “Si no se judicializan las cosas, no se encuentran soluciones. Porque si no se va dilatando y nadie hace nada. La única manera de poder llegar a una respuesta es por intermedio de la justicia”.

El tiempo le dio la razón.

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