Denunciaron al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ante la Justicia argentina por el delito de lesa humanidad de genocidio de comisión por omisión. La denuncia recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°9 a cargo de Luis Rodríguez. 

La presentación la realizó por derecho propio Rafael Vásquez Rivera, un  ciudadano guatemalteco nacionalizado argentino luego de que su madre y su tía fallecieran de coronavirus en el estado de California, condado de Los Ángeles. Él fue a visitarlas y cuando regresó al país también reportó síntomas de la enfermedad, se mantuvo en aislamiento y recibió el resultado positivo. 

En la presentación cuestionó que el gobierno de los Estados Unidos no tomó las medidas sanitarias a tiempo para cuidar a la población una vez que la Organización Mundial de la Salud decretó la pandemia. Asimismo, narró que cuando su madre se enfermó no había disponibilidad de respiradores y que Los Ángeles estaba en estado de emergencia. 

“Se puede demostrar como quedó en situación de despojo todo el pueblo norteamericano y en consecuencia la comunidad internacional, provocando que contraiga la enfermedad cualquiera de los connacionales, como ocurrió conmigo, mi madre y mi tía, quienes resultaron víctimas fatales”, expresa el escrito. 

Además, sostiene que el Genocidio encuadra en el tipo de comisión por omisión: “Si vamos a la legislación internacional, más específicamente en el Estatuto de Roma, se deprende del artículo 28 que exista la posibilidad de que incurran en delito los jefes y otros superiores por omisión”. 

Camila Chiara Iacono, la abogada que patrocina a Vásquez Rivera, explicó a Tiempo Judicial: “El encuadre de delito que hicimos y la legitimación que tiene mi cliente para hacer la denuncia la encontramos en el sentido de que la muerte de la madre y de la tía se ocasionó en virtud a ese genocio que es de comisión por omisión”

 “La expectativa que tenemos en la causa tanto yo como abogada como mi cliente es que le den el tratamiento que le corresponde, que nos otorguen la jurisdicción y que el fiscal y el juez emitan un requerimiento favorable y que se abra la investigación. La realidad es que todo puede pasar en la Justicia y la última palabra la tiene el juez”, completó. 

Si bien hasta el momento no obtuvieron respuesta, aclaró que “la demora suele ser lógica porque es compleja la petición”.

Por último, sostuvo: “El objetivo es trabajar para que no se produzca una denegación de justicia y se lleve adelante la causa. La finalidad nuestra es que este tipo de conductas no queden impunes porque no son aceptables por parte de ningún gobierno”. 

Leer nota completa en : www.tiempojudicial.com.ar