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Un grupo de diputados nacionales de Juntos por el Cambio encabezado por Alberto Asseff (PRO) presentó un proyecto para que se derogue en su totalidad la ley 27.551 que modifica al Código Civil y Comercial respecto del contrato de locación, más conocida como «ley de alquileres».

Desde la bancada opositora pidieron «un sistema de desalojo más ágil, concreto y sencillo para otorgar mayor seguridad jurídica sobre las propiedades».

El proyecto promueve que la acción de desalojo se lleve a cabo por juicio sumarísimo, así como que el juez ordene la inmediata entrega del inmueble.

«Un sistema de desalojo más ágil, concreto y sencillo para otorgar mayor seguridad jurídica sobre las propiedades», pidió el diputado macrista.

«El mercado actual demuestra un incremento exponencial de los valores de alquiler que la inseguridad jurídica y la falta de herramientas para recuperar de forma rápida y sencilla la propiedad, sumado a un sistema complejo de actualización de los costos, lleva a los locadores a cubrirse desde el día uno con un monto más alto de lo que podría costar en una situación ‘normal’, lo que redunda en una falta de oferta de bienes disponibles y su consiguiente aumento en los precios», agregó.

Para Asseff, «hoy en día un proceso judicial por desalojo es complejo, engorroso y repleto de problemas, de forma que provocan un desgaste innecesario al propietario del inmueble y eso desalienta las inversiones y el alquiler».

El proyecto fue presentado mientras el Gobierno analiza la posibilidad de dar forma a una nueva reglamentación para extender la vigencia del decreto que congela los precios de los alquileres y prohíbe los desalojos, cuyo vencimiento está previsto para el próximo 31 de enero.

Acompañaron la iniciativa Pablo Torello; Jorge Enríquez y Virginia Cornejo, del PRO; Gonzalo del Cerro, Lidia Ascarate y Aída Ayala, de la UCR, y Alicia Terada, de la Coalición Cívica.

POR OTRA PARTE

El Gobierno analiza la posibilidad de dar forma a una nueva reglamentación para extender la vigencia del decreto que congela los precios de los alquileres y prohíbe los desalojos, cuyo vencimiento está previsto para el próximo 31 de enero.

Desde el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat informaron que la prórroga «se está evaluando» y que «se está trabajando en conjunto con Jefatura de Gabinete en la reglamentación», aunque sin brindar más precisiones sobre cuál puede ser el nuevo plazo de vigencia.

Entre las medidas económicas que se tomaron el año pasado por la pandemia de la Covid-19, se implementó el congelamiento de alquileres y la suspensión de desalojos, así como el congelamiento de las cuotas de los créditos hipotecarios UVA.

La medida vigente en la actualidad, que recae sobre los inmuebles destinados a vivienda única y que se encuentren ocupados, vence el 31 de enero, y establece también la extensión de los contratos de locación cuyo vencimiento haya operado desde el 20 de marzo pasado en adelante.

De este modo, no podrán aplicarse intereses ni otras penalidades previstas en el contrato, tanto para el pago de la diferencia entre la cuota que hubiere debido abonarse según las prescripciones contractuales y la que efectivamente deberá pagarse por la medida, como para el pago de deudas.

En este contexto, el secretario general de la Cámara Inmobiliaria, Claudio Vodanovich, dio por sentada la extensión del plazo, a pesar de la oposición de este sector.

«Lamentablemente esta medida se va a extender, en principio hablan de 30 días», dijo Vodanovich.

«Esto está perjudicando al que pretende beneficiar o ayudar; hay que entender que históricamente en Argentina, cuando se ha tocado el mercado inmobiliario en cuanto a la regulación de alquileres, el mercado se retrae», señaló el directivo en declaraciones a Radio 10.

Afirmó que «hay alrededor de 70 mil locaciones mensuales que hace 10 meses que se están prorrogando» y que esto «significa que va a haber un momento en el cual los inquilinos van a tener que pagar la diferencia de los valores que no están pagando en este momento, más seguramente tener que mudarse si no llegan a un acuerdo con el propietario».

De todos modos, Vodanovich dijo que «no hay una cantidad de gente que esté demorando el pago de los alquileres o atrasándose, no llega al 8%, no hay semejante informe de morosidad por parte de las inmobiliarias».

Desde el Consejo Profesional Inmobiliario informaron este martes que el 90% de los inquilinos que residen en la Ciudad abonaron el alquiler en diciembre, y que hubo un 3% de contratos rescindidos.

Sin embargo, según una encuesta de la Federación de Inquilinos Nacional realizada en el último mes de 2020, el 40% de los inquilinos registran deudas.

Por otra parte, un relevamiento de Zonaprop indicó que con la nueva Ley de Alquileres los precios aumentaron un 62% interanual y la oferta se contrajo.

En este contexto, desde la Federación de Inquilinos Nacional observaron que «el Gobierno evalúa extender el decreto sólo un mes más».Los inquilinos sostienen que el plazo de extensión debe ser mayor y que evalúan convocar a una movilización a Plaza de Mayo para hacer oír su posición.

Gervasio Muñoz, presidente de la Federación, dijo en Radio 10 que «si se extiende el decreto solo por un mes, en realidad no es más que es darle un aviso a cientos de familias endeudadas de que tienen que ir armando los bolsos».

Extender el decreto hasta el 28 de febrero «es la confirmación de cientos de miles de familias desalojadas el 1° de marzo; hay que extender mucho más la suspensión de desalojos y aumentos de precios», remarcó.

Muñoz consideró que «mientras los países suspenden desalojos hasta septiembre y brindan ayuda económica para saldar las deudas de alquileres, aquí se toman medidas de corto plazo».

Por otra parte, está planteada la situación de los créditos hipotecarios UVA, cuyas cuotas se encuentran congeladas también por decreto hasta el 31 de enero y que desde el colectivo de hipotecados afirman que, de liberarse, el incremento rondaría el 50% a partir de febrero.

Desde Hipotecados UVA señalaron que «la usura UVA es insostenible en el tiempo, necesitamos ser escuchados; estos créditos UVA fueron uno de los grandes fracaso de la gestión anterior, por eso pedimos que se revea la situación».

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