El ex ministro de Justicia del gobierno de Cambiemos, Germán Garavano, criticó la Reforma Judicial impulsada por el Gobierno nacional como la posible ampliación de la Corte Suprema y de los juzgados federales y puso mucho énfasis en el rol que tendrá la comisión del Senado y la designación del nuevo Procurador General de la Nación, en la cual el juez federal Daniel Rafecas, es el candidato del gobierno.

¿Qué aspecto de la reforma judicial le parece más polémico? Ampliación de juzgados, reforma de la corte, o las vacantes que se generarían por ejemplo.

Creo que son varios los aspectos polémicos como la ampliación de la Corte Suprema que no es necesario y lo rechazamos menos la división en salas. Por otro lado, tampoco la multiplicación de los juzgados federales es necesaria ya lo hizo el presidente Menem y generó una de los peores enormes retrocesos en la confianza en la justicia argentina. Hoy todavía lo sufrimos.

En tanto, la reforma de la ley del Ministerio Público es un tema complejo y la comisión en el Senado tiene la posibilidad de reducir las mayorías para la nominación del nuevo procurador general y no se debiera permitir. Aunque si se debiera poner un plazo al mandato del fiscal general como existe en la mayoría de las provincias, en la C.A.B.A. y en países de la región.

¿Qué le parece que la reforma avanza en temas trabados hace años como la transferencia de competencias penales ordinarias a la CABA y la implementación del sistema acusatorio consagrado en el nuevo Código Procesal Penal de la Nación?

Los temas fueron trabados por el propio peronismo, nosotros suscribimos varios convenios de competencia, mandamos una ley al Congreso y fueron trabados sistemáticamente trabados por el peronismo cuando era oposición. Parece bueno avanzar en la transferencia de competencias penales pero se pone un plazo de tres años y nada se dice de las otras materias que son muy importantes como civil, comercial y laboral que también debieran ser transferidas a la Ciudad de Buenos Aires al igual que el Inspección General de Justicia (IGJ) y el Registro de la Propiedad Inmueble que todavía se mantiene en la órbita nacional.

Lamentamos que esta reforma no hay sido consultada por expertos como el plan Justicia 2020 que teníamos en nuestra gestión. Lamentamos que no tenga este abordaje integral y que sea autónomo.

Con respecto al sistema acusatorio, avanzó y se puso en marcha en Salta y Jujuy a un año de la puesta en marcha y los actores reconocen lo bien que se implementó y que los resultados son muy valiosos. Tendría que estar funcionando a esta altura del año en la provincia de Mendoza y en Santa Fe. Con la llegada del nuevo gobierno y la pandemia, los avances no fueron realizados y está pendiente. Esperamos que el Gobierno y la comisión de implementación avance en este sentido y creemos que se deberían crear más fiscalías que juzgados, sobre todo en la Ciudad.

¿Qué piensa de una posible reforma de la Corte Suprema de Justicia de la Nación?

Durante los cuatro años de gestión me preguntaron muchas veces sobre la ampliación y dije muchas veces que ese no es el camino, del mismo modo que ampliar la cantidad de jueces en Comodoro Py. Me parece que se deben busca otro tipo de soluciones, como era el proyecto de Justicia 2020, que iba por soluciones mucho más sistémicas que poner jueces y tratar de pensar que con eso vamos a solucionar los problemas.

¿Qué opinión le merece la decisión de ampliar juzgados en el interior del país separando la secretaria penal? Similar al proyecto que usted tenía en su gestión que creaba 94 juzgados Federales de Primera Instancia en lo Penal con asiento en las Provincias.

En este punto de acuerdo con el oficialismo, el único problema que vemos es que no se está avanzando con la reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que le daba lógica a esta ampliación de tribunales en el interior del país. El proyecto desdobla por un lado, los juzgados penales para implementar sistema acusatorio con audiencias orales y, por otro lado, juzgados con competencia no penal, principalmente, civil y comercial federal, seguridad social y contencioso administrativo federal que debieron tramitarse en audiencias orales en nuestro proyecto con expertos como Ángela Ledesma y Eduardo Oteiza, presidente de la Asociación Internacional de Derecho Procesal entre otros.

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