Con una cifra que supera en 20 mil personas la cifra de detenidos en cárceles bonaerenses, el ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, diagramó una mesa de diálogo entre el Ejecutivo, el Poder Judicial, la Iglesia y la sociedad civil para encaminar la problemática.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Julio Alak, explicó que se decidió desde la asunción del gobernador Axel Kicillof la conformación y reglamentación de la Mesa Interinstitucional de Diálogo para el abordaje integral de la problemática de las condiciones de detención de las personas privadas de su libertad, alojadas en comisarías, alcaídias y unidades del Servicio Penitenciario de la Provincia.  

“En principio la Mesa se va a reunir jueves o viernes ya la comisión va a estar trabajando, va a elaborar un plan de trabajo, para que podamos seguir durante todo el mes de enero avanzando”. explicó el ministro que ocupó la cartera nacional en el gobierno de Cristina Kirchner. 

De acuerdo a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, se instrumentó crear una Mesa de Diálogo con representantes de los tres poderes; organizaciones no gubernamentales, especialmente vinculadas a los Derechos Humanos, también con la Defensoría del Pueblo de la provincia, y otros organismos como la Iglesia Católica.

A partir de su conformación, todos estos actores empezarán a analizar en forma institucional los reclamos que vienen efectuando las diversas internas e internos que están en el ámbito del Servicio Penitenciario bonaerense, en cuanto a sus condiciones de detención.

Cuadro de situación de las cárceles

“Hemos recibido realmente una herencia tremenda en cuanto a sobrepoblación penitenciaria. Las cárceles bonaerenses tienen una capacidad aproximada para 23 mil personas y hoy hay 49 mil internos e internas. Es decir que tenemos la sobrepoblación penitenciaria más alta de la Argentina, que ronda en el 110%. Y además, según lo estableció el último Ministerio de Seguridad, la tasa de criminalidad alcanzó 309 cada 100 mil, también la más alta del país”, explicó Alak. 

Y agregó: “La provincia de Buenos Aires es la única provincia denunciada y sancionada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el sistema penitenciario y carcelario. Realmente la situación es muy grave y se ha agudizado en los últimos meses producto de la falta de alimentos suficientes para los internos, un problema que tiene aproximadamente 150 días, a lo que se le suma también la falta de medicamentos”.

Crisis humanitaria

A su vez, el Ministro recordó que Casación Penal de la provincia calificó, en un fallo hace dos meses, la situación que los internos viven en estos centros de detención como una “crisis humanitaria”. Y dijo “Es una calificación de máxima preocupación que deviene de los tratados internacionales que Argentina ha asumido”.

En cuanto a la estrategia de trabajo de la Mesa Interinstitucional de Diálogo el ministro explicó que en una primera instancia deben actualizar la información que han recibido, y luego comenzaran a analizar la situación global y también las sectoriales. En una segunda instancia se relevará cuáles son las unidades que tienen mayor índice de población y se estudiará cuidadosamente las situaciones individuales de las personas que quedan en libertad.

Huelgas de hambre en penales

“A partir de la resolución de la Corte de llegar a una Mesa de Diálogo, ha venido un proceso esperanzador, con levantamiento de medidas de fuerza, con levantamiento de huelgas de hambre en muchas unidades, aunque aún subsisten en un número importante de personas que con el correr de los días esperemos se vaya normalizando”, explicó Alak sobre los sucesos de los últimos días. Y agregó que “hay una posición firme de este gobierno de asumir el desafío que significa el problema de la provisión de alimentos y medicamentos y pensar medidas para su solución”.

A continuación el Ministro se refirió al funcionamiento del Servicio Penitenciario y sus autoridades y dijo: “Nosotros hemos mantenido a las actuales autoridades hasta que esta crisis que está sufriendo el sistema, producto de una emergencia grave, se mantenga. Por lo tanto vamos a tomar los cambios que haya que tomar en el momento oportuno. Hoy las autoridades continúan en funciones”. Y agregó que “vamos a una normalización progresiva de las instituciones en general y del Servicio Penitenciario Bonaerense en particular”.

Respecto a la emergencia penitenciaria Alak recordó que la misma “ya está declarada por la administración anterior por lo cual no hay que crearla, ya está dispuesta, lo único que hay es una prórroga, pero va a continuar”.

Para finalizar, Alak se refirió a la infraestructura penitenciaria y aseguró que “está en grave crisis”. “La infraestructura es en muchos casos obsoleta, en otros hay situaciones de riesgo y obviamente que hacen falta más espacios. Estamos en una etapa de revisión, los espacios están determinados por el número final de internos e internas que vamos a encontrar, estamos actualizando la estadística lugar por lugar. El número ronda 49 mil dentro de las cárceles, 4 mil en domiciliarias y 4 mil en comisarías. Esto hace un universo casi de 56 mil privados de la libertad, lo cual es una cifra alarmante y excesivamente alta para la infraestructura que heredamos del Servicio Penitenciario provincial”, explicó el Ministro.

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