El presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), José Luis Lassalle, expresó «la necesidad de realizar una reforma integral del sistema judicial». “No podemos darle un trámite express que fracase en el futuro, una reforma de esta magnitud debe ir acompañada de una reformulación de la integración del Consejo de la Magistratura», agregó el titular de una entidad que nuclea a colegios de abogados de toda la Argentina.

El titular de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), Ariel Ariza, manifestó en su exposición antes los senadores nacionales que desde la entidad «queremos que en este proceso se tome en cuenta cómo impacta la relación de la competencia federal en las justicias ordinarias de todas las provincias». «No es posible que haya asimetrías como las que hoy se verifican, donde un magistrado de una jurisdicción tiene grandes diferencias con los recursos de otro en otra región», aseveró el magistrado que encabeza la federación nacional.

El presidente del Consejo de la Magistratura, el juez Alberto Lugones, manifestó su deseo de que «la implementación del Código Procesal Penal Federal fuera lo más rápido posible, dos años me parece mucho para la justicia federal de la Capital Federal». Mientras que el camarista Omar Florencio Minatta consideró que «en el tema de la transferencia de la justicia ordinaria nacional a la órbita del poder judicial de la CABA existe un claro mandato constitucional».

En tanto, otros magistrados que expusieron fueron el presidente del Colegio de Magistrados de la Ciudad de Buenos Aires, Carlos Rolero Santurián, quien hizo hincapié en que «en este tiempo la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha completado su desarrollo y se ha especializado, es decir, cuenta con personal altamente capacitado. Frente a este nuevo esquema resulta fundamental que la transferencia se realice con los recursos correspondientes».

Luego el juez de la Cámara Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires y ex procurador del Tesoro, Carlos Balbín, sostuvo que «el proyecto no cumple con las finalidades que se plantea».  El ex procurador del Tesoro señaló que «se necesita una reforma más de fondo» y «hacer hincapié en un cambio en la organización del poder judicial y en las estructuras».

A su turno, la jueza de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, Magdalena Laiño Dondiz, sostuvo que «la redacción del proyecto genera más incertidumbres que certezas para nuestro fuero y sobre todo para los usuarios, que son la ciudadanía en general».

Por último, el vocal de la Cámara Federal de Apelaciones Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de la Provincia de Bs. As., Aníbal Segura, señaló que «el proyecto crea nuevos juzgados penales y desdobla los que tenían multifueros. Si se aprueba la reforma la justicia federal de San Justo va a seguir manteniendo los dos juzgados penales y la de San Martín va a tener 15, lo que es una manifiesta incoherencia».

Gremios, fiscales y abogados

El proyecto de ley de reforma judicial que el Poder Ejecutivo envió al Senado de la Nación continuó siendo analizado hoy en el plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, presidido por la senadora por Santa Fe María de los Ángeles Sacnun, del Frente de Todos.

En este sentido, también expusieron los titulares de dos de los gremios más importantes de los empleados judiciales. Julio Piumato, titular del gremio mayoritario la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación lamentó «no haber sido convocados a participar de la discusión previa», pidió una “propuesta más integral sobre la base de un plan estratégico”. “Si lo vamos a hacer, hagámoslo en serio. Debería convocarse a todos los sectores de la comunidad organizada judicial y discutir un plan estratégico”, agregó sobre la reforma.

Desde la secretaria general de SITRAJU (Sindicato de Trabajadores Judiciales), Marieta Urueña Russo, se expresó «a favor de esta reforma porque entendemos que es necesario que el Poder Judicial sea independiente, de cara al pueblo y no utilizado para perseguir y violar garantías constitucionales». En tanto, el secretario general SITRAJU- CABA, Juan Manuel Rotta Escalante, celebró «que con el proyecto se intente concluir con el proceso de transferencia de competencias del fuero penal pero consideramos que hay que preparar el sistema de manera integral a los efectos de garantizar el servicio de justicia».

La única funcionaria del gobierno que expuso hoy es la actual interventora del Servicio Penintenciario Federal y ex jueza, María Laura Garrigós de Rébori, quien expuso en primer lugar de la cuarta reunión agradeciendo “la oportunidad de aplicar el sistema acusatorio en el sistema federal de justicia que es el más atrasado de Latinoamérica».

crédito: Prensa Senado.

Rébori, fundadora de la agrupación de jueces Justicia Legítima explicó que ya «hubo 5 intentos fallidos de reforma» considerando que «los sistemas procesales van junto con los sistemas políticos. Nos merecemos un sistema acusatorio en el sistema federal de justicia», agregó.

Sostuvo que «originalmente el fuero contencioso administrativo y el fuero civil y comercial federal -que el proyecto unifica-, eran un solo fuero. Nacieron juntos, tienen el mismo código de fondo. Tampoco quita recursos de un fuero en perjuicio de otro».

Y agregó sobre el gasto en infraestructura que implicarían los cambios que «hasta que no se sancione la ley no se puede hablar de equipamientos, eso es poner el carro delante del caballo. Sin embargo, no estamos evaluando esto como un gasto, ya contamos con todos los recursos».

Por el lado de las fiscalas, la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta, consideró que «una reforma al sistema de justicia es necesaria» al sostener que el actual «está atravesando una crisis profunda de legitimidad y de ineficiencia, con carencia absoluta de perspectiva de género».

«El verdadero cambio viene con la implementación del sistema acusatorio la cual es una herramienta adecuada para avanzar en la transparencia del sistema de justicia», agregó la especialista en género.

Más tarde, el abogado constitucionalista Daniel Sabsay cuestionó el proyecto de reforma judicial al sostener que «el Consejo que se propone es monocolor, no tiene especialistas en cuestiones de carácter judicial o que se hayan desempeñado en algunos de los temas que les toque decidir y por otro lado, encuentro conflicto de interés en el caso de Beraldi y Arslanián».

La abogada y académica María Gattinoni de Mujía expresó que «el proyecto puede dar un paso más y transferir todas las jurisdicciones y hacer convenios interjurisdiccionales bien planificados, con carga de trabajo y un trabajo conjunto entre los 3 poderes».

Por último, brindó su perspectiva el abogado Sebastián Pilo, de ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) quien sostuvo que «una reforma judicial es necesaria» y que el «primer desafío es la necesidad de romper las relaciones promiscuas entre jueces, poderes políticos, empresarios y servicios de inteligencia».

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