Una mujer víctima de violencia de género fue escuchada por la Corte Suprema. Tenía una condena de prisión en su contra de la Suprema Corte bonaerense por “lesiones”. Se defendió de los golpes de su ex marido y lo hirió con un cuchillo. Fue condenada  a dos años de prisión pero hoy la Corte Suprema revocó esta condena y ordenó revisar el fallo pidiendo juzgar los casos “con perspectiva de género”. La CSJN acordó con lo dictamino con el procurador Eduardo Casal.

En un “contexto de violencia de género preexistente” como el que vivía “C.E.R.” como víctima de la violencia que ejercía “P.S.”, además padre de sus tres hijos, ella tomó un cuchillo y se lo asestó en el abdomen luego de reaccionar a la golpiza que recibió de su ex marido en la cocina de su casa.

Vivían juntos pese a la disolución del vínculo de pareja. Luego de lo ocurrido salió corriendo a la casa de su hermano, quien la acompañó a la policía a fin de denunciar lo ocurrido.

La Justicia no la escuchó en diferentes instancias ya que el tribunal oral que la juzgó descartó que ella hubiera actuado amparada por la “legítima defensa” al condenarla por el delito de lesiones a dos años de prisión en suspenso. La condena fue confirmada en las distintas instancias provinciales, hasta que su defensa llevó el caso ante el Máximo Tribunal de la Nación.  

En su fallo, la Corte Suprema de Justicia tuvo en cuenta que, a la luz de los antecedentes y circunstancias probadas, el caso traído se situaba en un “contexto de violencia contra la mujer”, lo cual involucraba específicos criterios que debían ser considerados al momento de evaluar la causa de justificación que reclamaba la defensa y que, sin embargo, habían sido descartados arbitrariamente.

El voto mayoritario expresó que la Suprema Corte no tomó en cuenta que era un caso de violencia de género y que debía aplicarse los preceptos de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará) y de la ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres, sancionada en 2009.

En primer lugar, la Corte recordó que, conforme con los “estándares del sistema interamericano de protección de los derechos humanos,  la reacción de las víctimas de violencia de género no puede ser medida con los estándares de la legítima defensa utilizados en otro tipo de casos, en tanto la violencia contra la mujer tiene características específicas que deben ser inexorablemente contempladas por los jueces”. 

Y remarcó que la “persistencia de los estereotipos y la falta de aplicación de la perspectiva de género llevan a una inadecuada valoración de los hechos”. Y que  los “casos de violencia de género tanto la agresión ilegítima como la inminencia de la amenaza o lesión -requisitos que la ley exige para amparar a quien actúa- deben ser consideradas desde una perspectiva de género”.

a inminencia permanente de la agresión, en contextos de violencia contra la mujer, se caracteriza por la continuidad de la violencia -puede suceder en cualquier momento y ser detonada por cualquier circunstancia- y su carácter cíclico -si fue maltratada, posiblemente vuelva a serlo-.

 

En tanto, los supremos explicaron en un fallo que marca precedentes que “se debe evaluar con perspectiva de género, lo que implica considerar no sólo  el contexto en que se da la agresión y la respuesta sino también la continuidad de la violencia. Consecuentemente, sólo se requiere que no haya desproporción inusual entre la agresión y la defensa en cuanto a la lesión”.

 

Finalmente, en lo que hace a la falta de provocación suficiente por parte del que se defiende requerida legalmente, advirtió que, conforme con los estándares citados, la idea de que cualquier comportamiento anterior a la agresión pueda constituir, en casos como el analizado, una “provocación suficiente”  sólo puede obedecer a  un estereotipo de género.

 

En esta causa, fue clave la opinión del procurador general de la nación interino, Eduardo Casal, quien citó un documento del Comité de Seguimiento de la Convención Belem do Pará (CEVI) en el que, en línea con lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diversos precedentes,  se recomienda incorporar en la investigación penal un análisis contextual que contemple que la reacción de las víctimas de violencia de género no puede ser medida con los estándares utilizados para la legítima defensa en otro tipo de casos, “en tanto la violencia contra la mujer tiene características específicas que deben permear en el razonamiento judicial”. Allí se exponía también que la persistencia de los estereotipos y la falta de aplicación de la perspectiva de género pueden llevar a una inadecuada valoración de los comportamientos.

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