En poco más de dos meses el Poder Judicial produjo significativos avances hacia la digitalización de su actividad, que ha exigido esfuerzos de todos los involucrados, y que ha tenido al Consejo de la Magistratura como uno de sus protagonistas.

En pocos días y en medio de la emergencia, un sistema complejo como el judicial pasó del expediente papel a la digitalización de los expedientes y del trabajo presencial al teletrabajo, en todos los casos posibles, con recursos propios y el trabajo de las áreas tecnológicas del organismo.

Esta gestión conjunta de la Presidencia del cuerpo y la Presidencia de la Comisión de Administración ha interpretado las nuevas necesidades, por ello también se adoptaron múltiples decisiones, que permitirán mejorar las condiciones y prestaciones informáticas y de comunicaciones, que aportarán celeridad y seguridad a la función judicial, en lo que se ha denominado «como el desafío de estos tiempos».

En post de lograr estos avances, se están firmando convenios con diferentes entidades como Ar-Sat y JUFEJUS entre muchas otras. El acuerdo Con Ar-Sat permitirá aumentar la capacidad de almacenamiento, descongestionando los servidores locales, que podrán reservarse para los servicios que no puedan ser tercerizados y por otro, para acceder a su plataforma de videoconferencias, recibiendo asimismo la asistencia técnica necesaria para la transferencia de esta tecnología.

El convenio de colaboración con JUFEJUS (Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, facilitará la cooperación tan necesaria con las distintas jurisdicciones, para producir servicios y procesos más ágiles e integrados, habilitando la posibilidad de sumarse además a la “nube judicial”, un sistema informático judicial, federal, descentralizado y colaborativo, que ha avanzado entre otros temas en la realización de audiencias judiciales, que se están poniendo a prueba en la Jurisdicción de Mendoza.

Una tercera medida, impulsará sustancialmente la celeridad de la conectividad del Poder Judicial de la Nación. En ese sentido se autorizó la suscripción de un Acuerdo de registro de servicios con el Registro de Direcciones de Internet para América Latina y Caribe -LACNIC-, que permitirá al Poder Judicial conectarse a la red de CABASE, con puntos de acceso en las distintas provincias.

Ello permitirá por un lado llegar digitalmente a todo el país, sin realizar la inversión en el tendido de fibra óptica de miles de kilómetros hasta todas las provincias, haciendo más eficiente el ruteo de Internet, mejorando la calidad de servicio y minimizando los costos de interconexión, y por otro dar un salto tecnológico pasando del protocolo ipv4 a ipv6, más rápido y eficiente, que se verá acompañado por una mejora en la seguridad, reduciendo también el impacto en caso de un eventual corte del servicio de internet.

De este modo, el Consejo asume el desafío actual, de fortalecer la infraestructura tecnológica, como estrategia ineludible para hacer frente al contexto actual, pero también al futuro.

*Alberto Lugones – presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación y juez de la Sala II de la Cámara Federal de San Martín. Profesor Adjunto Regular de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires.

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