La justicia porteña declaró que el GCBA incumplió la sentencia que le ordenaba resolver el riesgo eléctrico en la villa 21-24, e impuso una multa de $10.000 diarios al Jefe de Gobierno a partir de un planteo de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) en el que se denunciaba el incumplimiento por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de la sentencia.

El Juzgado de Feria N° 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario intimó al Gobierno porteño a que en 10 días dé cumplimiento a la sentencia definitiva, por lo que debe presentar un Proyecto Eléctrico Adecuado que ofrezca soluciones frente a las falencias y peligros del deficiente servicio eléctrico existente en la Villa 21/24. De acuerdo al fallo, este proyecto deberá estar elaborado según la Guía de Diseño de Redes Eléctricas de baja tensión para asentamientos poblaciones aprobada por el ENRE, y en base a los informes periciales existentes en la causa judicial.

Al mismo tiempo, el juez Gallardo impuso una multa de $10.000 diarios por cada día de retardo en cabeza del Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, y dispuso que si al vigésimo día hábil de notificada la resolución se mantuviera incumplida la sentencia, ésta podrá ser ejecutada por un tercero, a cuenta del Gobierno de la Ciudad.

En este aspecto, el juzgado declaró inconstitucional la Ley N° 6.021 -sancionada por la Legislatura de la Ciudad en octubre de 2018-, que dispuso que las sanciones conminatorias aplicadas a funcionarios estatales pueden ser apeladas con efecto suspensivo hasta que el tribunal de alzada resuelva. 

ACIJ y un grupo de representantes barriales -patrocinados por la Defensoría CAyT nº 2 de la Ciudad- denunciaron oportunamente que la información brindada no constituía un Proyecto Eléctrico Adecuado que pudiera solucionar integralmente las falencias estructurales en el servicio eléctrico que se presta en la Villa 21-24, sino que se limitaba a proponer una serie de acciones puntuales de contingencia en plazos poco claros.

En definitiva, el juez sentenció que el Gobierno porteño incumplió con lo ordenado judicialmente, afirmando que: “teniendo en cuenta la gravísima problemática que campea esta causa, luego de casi una década de iniciada, de ocho años de vigencia de la medida cautelar y de contar con sentencia definitiva de condena cuyo plazo de cumplimiento ha perimido, nada sustancial ha hecho el Gobierno local para sanear estructuralmente las deficiencias de la red del servicio eléctrico en la villa 21-24”.

Fuente: prensa ACIJ.

 

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