En el marco de la pandemia, muchas personas privadas de su libertad que integran grupos de riesgo en el servicio penitenciario federal solicitaron prisión domiciliaria. Muchos de ellos fueron los ex represores de la última dictadura cívico militar. 

Para ser exactos, según el informe realizado por la Oficina de Lesa Humanidad del Ministerio Público Fiscal, hasta mediados de septiembre fueron 37 los detenidos en las causas por terrorismo de Estado que lograron la reclusión en su domicilio a causa de la pandemia. Un porcentaje menor si se tiene en cuenta que en total el número de genocidas que cuentan con este beneficio es de 659.

En un marco temporal más amplio, tomando como referencia entre el 2015 y el 2020, se dio un aumento considerable en el otorgamiento de la libertad. En el 2015, sobre 1070 represores que estaban detenidos, 791 eran los que se encontraban en libertad. Esa tendencia invirtió a lo largo de los años hasta la fecha, que hay 1551 libres sobre 905 detenidos.

El informe advierte que desde la reapertura de las causas suman 246 las sentencias dictadas, y que al 15 de septiembre son 997 las personas condenadas. Además, da cuenta de que son 3329 personas investigadas por delitos de lesa humanidad. El número se constituye de 618 personas procesadas, 538 imputadas, 176 con falta de mérito, 162 absueltas, 92 sobreseídas, 65 indagadas, 28 prófugas y 997 condenadas.

Distintos organismos de derechos humanos lamentaron que ya fueron 653 los que fallecieron investigados por crímenes cometidos durante la dictadura y que no cumplieron su condena.

De hecho, la reunión programada hace una semana por el presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, para reflotar la «Comisión Interpoderes», creada por la Corte Suprema para coordinar los juicios de lesa humanidad, no contó con la presencia de representantes del Gobierno y de la mayoría de los organismos de derechos humanos que afirmaron que “llega tarde”.  

La titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, María Ángeles Ramos, aseveró en diálogo con Tiempo Judicial que “todos los que están en arresto domiciliario es porque hubo decisiones jurisdiccionales que así lo dispusieron”.

“Más allá de las opiniones personales que cada uno pueda tener, en los hechos, las partes pueden ejercer sus recursos y el litigio de manera abierta. Si luego se utiliza una causa de lesa o no de forma política, los números no permiten afirmarlo”, resaltó.

En tanto, explicó que hubo varios casos de prisión domiciliaria que se otorgaron “al principio de la pandemia de una manera anticipada” por parte de algunos juzgados, como por ejemplo en La Plata, y aclaró que “luego  a través de las líneas recursivas que se fueron ejerciendo se revirtieron”.

En cuanto a las domiciliarias que fueron otorgadas, consideró que es difícil trazar un parámetro común de “porqué le dieron a esas 35 personas el arresto domiciliario”, y señaló a que “en algunos casos fue porque el juzgado no quiso saber nada con tener un detenido de riesgo, pero muchos casos se han revertido y el número es dinámico”.

También, Ramos resaltó: “Es un fenómeno criminal atípico, donde las causas de lesa humanidad en Argentina tienen tanto a sus víctimas como a sus victimarios contra el reloj de la naturaleza, porque estamos juzgando algo de hace más de 40 años, esto tiene que marcar el reloj del sistema de justicia”.

En concordancia con esto, según un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, hasta mediados de este año se encontraban 263 causas en etapa de instrucción y 67 aguardan por el inicio del juicio. 

“Se trata de llegar a la verdad y garantizar el acceso a la justicia a las víctimas y de dar respuesta, no hay mucho más tiempo y estas causas tienen que estar al frente de todos los escritorios judiciales”, concluyó la fiscal.

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