El nuevo centro clandestino “El Jardín” fue operado por la SIDE para secuestros y torturas en la dictadura militar que empezó el 24 de marzo de 1976. El inmueble habría sido alquilado por inteligencia, funcionó al mismo tiempo y en la misma manzana del centro clandestino “Automotores Orletti”, en el barrio porteño de Floresta. Se ubicó en Bacacay 3570, y Orletti en Venancio Flores 3519/21 de la C.A.B.A.

El hallazgo del inmueble signo del terrorismo del Estado fue un paso más en la investigación de más de 15 años del juez federal Daniel Rafecas en conjunto con el Equipo de Antropología Forense, documentos desclasificados y testimonios de dos víctimas y testigos que pudieron confirmar el descubrimiento de un nuevo centro clandestino de detenciones, torturas y desapariciones de personas.

Con documentos desclasificados del departamento de Estado de los Estados Unidos, la Justicia pudo comprobar e identificar otro centro clandestino dirigido por el represor Aníbal Gordon en el marco de la megacausa del “Primer Cuerpo de Ejército” en la cual estuvieron procesados 142 ex militares, espías y policías entre los que  se encontraban los ex presidentes de facto Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone. Y en la cual ya hubo múltiples condenas y siguen varias causas en trámite. La cúpula de la SIDE en 1976 estaba al mando de Otto Paladino como el señor 5 de la secretaría.

Según la investigación judicial, se confirmó el domicilio del nuevo centro clandestino con el aporte esencial de documentos desclasificados por el gobierno norteamericano aportados el Programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en los cuales se consigna que el inmueble fue alquilado para operaciones oficiales de la SIDE y que allí actuó la banda de Gordon, con varios integrantes de la secretaría de Inteligencia, entre los cuales se encontraban los ya condenados Eduardo Ruffo, César Alejandro Enciso, Miguel Ángel Furci, Honorio Carlos Martínez Ruiz. 

En las copias presentes en el expediente, se hace referencia al secuestro y homicidio del entonces embajador Héctor Hidalgo Solá. Y en la documentación surge que Solá fue llevado a Bacacay 3570.

El cable aporta pero confunde direcciones de los dos centros del mismo barrio porteño ya que dice que “el descubrimiento de la organización que según el cable mantuvo a Hidalgo Solá encapuchado en una casa de la calle Bacacay 3570 (Automotores Orletti) fue hecho por la Policía Bonaerense (que en ese momento era conducida por el general Ramón Camps) mientras investigaba el rapto de un nene, supuestamente otra operación del grupo de Gordon”.

El documento desclasificado también confirma la presencia de una de las víctimas que sufrieron torturas en «Bacacay» en la comunicación del 19 de mayo de 1976 de la embajada al secretario de Estado en Washington, donde figura que “Mercedes Naveiro Bender, residente permanente en Buenos Aires, naturalizada ciudadana estadounidense, informó a la Embajada que fue secuestrada y severamente maltratada físicamente por un grupo combinado de policía y militares el 5 de mayo y liberada el 7 de mayo” y así lo reflejó el juez en el expediente.

Otra prueba clave, según los investigadores de la causa “Vaello, Orestes Estanislao y otros s/ privación ilegal de la libertad.”, del juzgado federal 3 precisaron a Tiempo Judicial, fueron las declaraciones prestadas por dos víctimas que coincidieron con la posterior propietaria del inmueble quienes declararon con exactitud la distribución de todos los ambientes de la casa.

Luego del hallazgo del inmueble que funcionó como casa del horror, en los últimos días el juez Rafecas dictó la “prohibición de innovar sobre el inmueble, y encomendó la realización de un registro fílmico y fotográfico del sótano y de los otros sitios que puedan ser eventualmente reconocidos por las víctimas”.

Es una propiedad que posee 12 metros de frente y 50 de fondo. La cocina, el baño, el sótano, la entrada y el patio fueron ubicados en el mismo lugar y cuando se compró la casa “encontraron en el sótano unos zapatos de mujer sucios y de color rosa viejo, y también zapatos de hombre”, según contó la propietaria que adquirió la propiedad el 8 de junio de 1977 a la sociedad Tres Eles SA, quien la habría adquirido el 7 de enero de 1976, según se explica en el expediente.

La señora que adquirió en 1977 este inmueble declaró que no le pareció una casa habitable ni de vivienda y que el sótano lo descubrió con posterioridad. “Lo que me llamó la atención ahí es que había unos zapatos de mujer rosa viejo, sucios, como de gamuza y otros zapatos más. Había zapatos de hombre también. Las paredes estaban todas rotas, todas sin revocar […] había mucha humedad, había piso de tierra o algo parecido, muy precario, no tenía Ceresita, nada. No tenía acceso al sótano, estaba todo cerrado con paredes, lo encontramos durante la demolición. Tuvimos hasta que poner una escalera para bajar. De altura tenía más o menos 1 metro 40 No recuerdo el ancho, y después lo modificamos para armar una bodega ahí abajo y lo achicamos un poco”.

Mapa de la «Bacacay» (crédito: juzgado federal 3)

Otro de los elementos que permitió el hallazgo del inmueble utilizado para el terrorismo de Esto fue la declaración brindada por “Juan Ramón Nieto Moreno en el sumario nro. 417 “Comando de la Cuarta Brigada de Infantería Aerotransportada”, a fs. 279/286” en la cual manifestó ante la justicia que en “1976 prestó servicios en la SIDE como Jefe del Departamento de Contrainteligencia perteneciente a la Dirección II; que a Gordon lo conoció como “Silva” aproximadamente en marzo de 1976, cuando constituyó, por orden de Otto Paladino, entonces secretario a cargo de dicho organismo, una “base operativa que se denominó OT 18”.  

“(…)inicialmente, cuando el declarante conoció al citado «Silva», el mismo tenía una base en la calle Bacacay; que posteriormente esa base se trasladó a otra sita en la calle Venancio Flores, ambas de la Capital Federal y que las mismas se inactivaron a fines de 1976″, expresó Nieto Moreno en su indagatoria.

Ya el ex jefe de la SIDE, Eduardo Cabanillas, en su declaración indagatoria reconoció que al lugar le decían “El Jardín” lo cual se ve reflejado en las fotos de la vegetación actual del jardín a la entrada de Bacacay en la actualidad, según las imágenes aportadas por el juzgado.

En “El Jardín”, las víctimas eran introducidas encapuchadas, alojadas en habitaciones precarias o en el pequeño sótano de la propiedad, y sometidas a torturas con picana en una habitación acondicionada para este tipo de crímenes. No se descarta que este sitio haya servido también para las operaciones del llamado “Plan Cóndor”, no sólo por su vinculación con “Automotores Orletti” sino porque el relato de una de las víctimas da cuenta de que allí se alojaban detenidos uruguayos.

crédito: juzgado 3

Una de las últimas declaraciones de la causa fue en modo pandemia de una testigo que hoy vive en Francia: «Yo estaba con los ojos vendados y cuando iba al baño allí me aflojaba un poco la venda y entonces ahí pude ver algunas cosas de la cocina. La puerta de la cocina que daba al patio creo que tenía vidrio, que se veía a través«.

Ante este medio, Rafecas explicó que «el inmueble puede resultar determinante al momento de reconstruir los hechos que damnificaron a estas víctimas, y establecer las responsabilidades penales emergentes de esos sucesos. Y que debe recordarse que la CONADEP en su informe final destacó que la reconstrucción de los centros clandestinos de detención se logró gracias al testimonio y a la memoria corporal de los liberados».

La megacausa que investigó e investiga los accionares represivos de los agentes y militares del “Primer Cuerpo del Ejército” se dividió en 12 líneas de investigación, y ya se realizaron juicios orales por los hechos sucedidos en los centros clandestinos de detención “Mansión Seré”, “Vesubio”, “Atlético, Banco y Olimpo” y “Automotores Orletti”, así como también por el caso de “Masacre de Fátima” del 20 de agosto de 1976. Acá repasamos algunas de las condenas en esta causa en la cual el nuevo hallazgo sumará otra línea investigativa para determinar las víctimas y los responsables.

Condenas en la megacausa: Automotores Orletti: 4 condenados

Fue uno de los enclaves de la Operación Cóndor en el país. Funcionó en un inmueble alquilado por la Secretaría de Inteligencia del Estado. Orletti era un taller mecánico de Floresta, que fue alquilado entre mayo y noviembre de 1976 por agentes de inteligencia con documentos falsos de la firma denominada «Cortell Automotores SACIF”, para ser usado como lugar de detención ilegal. El lugar fue capitaneado por Otto Paladino donde se estima que pasaron 65 víctimas.

La investigación llevada adelante por el juez Rafecas vincula el nuevo centro clandestino “El Jardín” con “Orletti” ya que habrían funcionado al mismo tiempo, en la misma manzana y en la misma época operado por la ex SIDE. En su investigación relaciona  la “presunta existencia, dentro del marco represivo de un nuevo centro clandestino de detención y tortura que habría funcionado, al menos a comienzos del año 1976, con anterioridad y con vinculación, al centro clandestino “Automotores Orletti”, el cual según la prueba acumulada, habría tenido existencia entre mayo y noviembre del citado año en la calle Venancio Flores 3519/21 de la Capital Federal”.

En la causa donde se investigaron crímenes en el centro clandestino “Automotores Orletti», ya tuvo condena por tres ex espías y un militar. Dejó de estar en funcionamiento luego de que dos secuestrados lograran escapar y denunciaran su existencia.

El TOF 1 le impuso penas de 25 años a un ex agente de la Policía Federal por el crimen de Estela María Moya, y de 16 años a un ex integrante de la SIDE por ser coautor y partícipe necesario de varias privaciones ilegales de la libertad agravadas. Sin embargo, otros dos policías para los que la fiscalía había solicitado perpetua fueron condenados a seis años de cárcel, en un fallo el pasado 11 de septiembre de 2017.

En la actualidad, se desarrolla un quinto juicio por los crímenes cometidos en Orletti, en el que hay cuatro imputados, con sentencias anteriores, acusados de cometer delitos de lesa humanidad en perjuicio de once víctimas.

Circuito “ABO”:  7 condenas

El 6 de diciembre de 2017, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de la Capital Federal impuso penas de prisión perpetua a un ex gendarme y un ex policía federal; de 25 años de prisión a un ex agente penitenciario y a tres ex policías federales; y de 15 años de prisión a un ex oficial del Ejército, en el final del juicio por crímenes de lesa humanidad en tres centros clandestinos conocidos por la sigla ABO: Atlético, Banco y Olimpo.

Las condenas fueron por diferentes tipo de delitos de lesa humanidad: homicidios calificados, aplicación de tormentos y privaciones ilegitimas de libertad cometidos contra 352 víctimas.

Plan Cóndor: 15 condenados

La primera causa por los crímenes en el marco del “Plan” a nivel regional de represión denominado “Cóndor” comenzó a tramitar en la justicia argentina en 1999. Recién 14 años después llegó a juicio oral en conexidad con otras causas de lesa humanidad cometidos con el accionar conjunto de las Fuerzas Armadas argentinas y uruguayas en el centro clandestino de detención “Automotores Orletti”.

El proceso penal duró de 2013 a 2016 y abarcó investigaciones por crímenes cometidos a 174 víctimas de la dictadura militar. 65 en la causa “Orletti”, 107 en “Operación Cóndor” y dos que corresponden a ambas causas. Las víctimas eran oriundas de países limítrofes: Uruguay, Chile, Perú, Bolivia y Paraguay.

La Unidad Fiscal de Derechos Humanos a cargo del fiscal general Pablo Ouviña analizó y describió las estructuras represivas instauradas los países de América Latina mencionados, la forma en que se relacionaron y los aparatos específicamente creados a tal efecto. El alegato detalló en cada caso su relación con el marco criminal establecido en 1975 y por primera vez se responsabilizó a quince personas por haber integrado el Plan Cóndor.

El fiscal examinó documentos diseminados en diferentes países como el Archivo del Terror de Paraguay, del Departamento de Estado y de la Agencia Central de Inteligencia de Estado Unidos de América, del archivo de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y del denominado Archivo Arancibia Clavel, y alrededor de quinientos testimonios y decenas de legajos, informes y publicaciones especializadas. Por el contrario, la documentación aportada por la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que aún se encuentra clasificada, no fue divulgada por cuestiones de seguridad nacional, al igual que los legajos de personal militar y miembros de las fuerzas de seguridad.

En el juicio que concluyó hace más de cuatro años, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de la Capital Federal condenó a 15 de los 17 acusados como autores del delito de «asociación ilícita en el marco del Plan Cóndor» y de otros crímenes cometidos en ese contexto, como privaciones ilegítimas de la libertad agravadas y tormentos , imponiéndoles penas de entre 8 y 25 años de prisión.

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