El debate grietero divide las aguas entre punitivismo y garantismo, entre bajar la edad de imputabilidad o no hacerlo pero, por tratarse principalmente de un tema tan sensible como la vida de niños, niñas y adolescentes el tema debe ser tratado con datos certeros y opiniones fundadas, no con puro humo para la tribuna twittera.

Desde este medio no vamos a bajar línea sino que vamos a mostrarte los datos que nos brinda la justicia penal juvenil sobre los jóvenes en conflicto con la ley, qué tipo de delitos cometieron, cómo la Justicia interviene sobre ellos y qué respuestas brinda el sistema a la población más vulnerable.

La Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes (BGD) de la Corte Suprema publicó el pasado 8 de junio un nuevo informe sobre “1593 niños niñas y adolescentes que tuvieron intervención judicial en 1911 causas” tramitadas en los juzgados en lo criminal y correccional de menores de la Justicia nacional durante el año 2019.

El informe estadístico se conforma con datos extraídos del sistema informático de la BGD, a cargo de la vicepresidenta de la Corte, Elena Highton de Nolasco, con la carga que realizan los juzgados y tribunales orales de menores de la Justicia nacional con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El documento registró todas las intervenciones y medidas de privación de la libertad y alojamiento en instituciones por causas penales que fueron dispuestas sobre niños, niñas o adolescentes, entre enero y diciembre del año pasado.

¿Qué quiere decir que un adolescente tiene una intervención judicial? Las intervenciones judiciales se dan cuando el poder judicial “evalúa y observa” durante un lapso de tiempo a un niño, niña o adolescente y toma diferentes medidas vinculadas a su situación psicosocial. Los menores de edad  “observados” por un magistrado no necesariamente están involucrados en algún delito sino que, por ejemplo, pueden tener a sus padres en la cárcel y quedaron solos en su hogar.

Entre los datos se destaca que la mayoría de los jóvenes en conflicto con la ley penal, un 74,3 por ciento, cometieron el delito “por primera vez” de los 1593 jóvenes judicializados y relevados por la base. Este universo está compuesto principalmente por varones (87,6 %) y el 54 % tienen una edad de entre los 16 y 17 años.

De un total de 1911 causas en la justicia penal juvenil, prevalecen los delitos contra la propiedad (79,5 %), de los cuales el 38,7 % resultó en «grado de tentativa». Dentro de los delitos contra la propiedad, predominan las distintas tipificaciones de robo (86,6 %).

La coordinadora de la BGD de la CSJN, Claudia Romano Duffau, explicó a Tiempo Judicial que desde 2008 el sistema informático aportó un “cambio significativo en el registro de la información sobre la problemática del menor de edad en conflicto con la ley penal” ya que “posibilita la comunicación entre estos actores a través de una red cuyo eje es un modelo de intervención judicial que pone su mirada en los niños, niñas y adolescentes para tomar decisiones con celeridad y eficacia”.

Teniendo en cuenta este dato que la mayoría de los casos, los niños/as o adolescentes tuvieron solo una causa en 2019 (74,3 %) ¿cómo explica que la mayoría de los niños encuestados sea su primer delito?

“Algunas veces, existen conductas transgresoras que no llegan a la justicia (cifra negra) y otras, – más de las que desearíamos- varios de esos chicos tienen reiterados contactos previos con el sistema penal antes de alcanzar la edad de punibilidad. Pero aún soslayando esto, es un dato alentador en relación a la aplicación de medidas alternativas, ya que este porcentaje de chicos que señalas, podrían ser potenciales candidatos a una propuesta que los aleje del sistema penal y principalmente, de las conductas transgresoras en este primer contacto formal con un proceso, es decir con la reacción penal estatal,  evitando que se consoliden efectos estigmatizantes y trayectorias delictivas. La cifra parecería indicar, por un lado, el posible fracaso de las intervenciones tempranas del sistema de protección integral pero por otro, que se puede trabajar integralmente, para ofrecer oportunidades que pospongan la opción punitiva, como propone el marco convencional”, señaló a Tiempo Judicial, Silvia Susana Fernández, titular de la Prosecretaría de Intervenciones Socio-jurídicas  de la  Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, que trabaja con menores en conflicto con la ley penal.

Instituto de Menores en el barrio de Caballito (crédito: NuevaCiudad)

Tribunales orales de menores (TOM)

Del sistema analizado por el equipo de la BGD, surge otro dato relevante sobre la situación de los menores de edad en los tribunales orales de menores (TOM) en 2019. Se iniciaron intervenciones sobre 365 adolescentes sobre un total de 329 causas existentes. Se observa que hay más de un involucrado en el 12,5 % de las causas y que en su gran mayoría fueron “varones” los que fueron llevados a los TOM (91,8 %), según los datos proporcionados a Tiempo Judicial por la BGD de la CSJN.

Los delitos registrados en las intervenciones en los tribunales son en su mayoría contra la propiedad por diferentes tipos de robo (89,4 %), y en menor medida contra la administración pública (4,8 %), las personas (2,1 %), la seguridad pública (1,6 %), la integridad sexual (1,1 %), la fe pública (0,5 %), la libertad (0,2 %) y el orden público (0,2 %).

Medidas de privación de la libertad

De todos los niños, niñas y adolescentes judicializados en 2019, un total de 164 estuvieron alojados por disposición de la justicia en institutos de menores o en los diferentes tipos de alojamiento según su situación psico-social en comunidades terapéuticas, por ejemplo.    

En detalle, el poder judicial dispuso un total de “198 medidas de privación de libertad sobre 164 jóvenes, lo que quiere decir que algunos tuvieron más de una medida”.  En tanto, 141 jóvenes tuvieron “una sola medida de privación de la libertad y/o alojamiento en instituciones como por ejemplo un hospital o una comunidad terapéutica”.

La mayoría de estas medidas se iniciaron en algún centro socioeducativo de régimen cerrado (42,9 %) y, en menor escala, en una comunidad terapéutica (23,2 %), en una residencia socioeducativa de libertad restringida (19,7 %), en un hospital (7,6 %), en un parador (3 %) o en otro tipo de alojamiento (3,5 %), según datos de los TOM y de los juzgados relevados el año pasado en la justicia penal juvenil.

¿Cómo actúa el poder judicial con los jóvenes en conflicto con la ley penal?

Con los datos sobre la mesa y muy recientes, un dato llamativo es que la mayoría de los jóvenes que cometieron delitos, y se judicializaron, lo hicieron “por primera vez” pero también se especula mucho con las cifras no registradas de los delitos de jóvenes en conflicto con la ley penal. Por eso, se desarrollaron varios canales para evitar el acceso al poder judicial tratando de resolver el conflicto del “joven infractor” con métodos alternativos de resolución de conflictos.

La vicepresidenta de la CSJN, Elena Highton, a cargo de la BGD.

Romano Duffau explicó que es interesante destacar que, para el período 2019, se “registra un porcentaje del 74,3 % del total de los niños, niñas y adolescentes con una causa iniciada en trámite, y el informe elaborado permite relacionar los datos con cortes estadísticos de años anteriores (ver informe en sitio web: https://www.csjn.gov.ar/bgd/verNoticia.do?idNoticia=4228)”.

Y que es “importante dar a conocer otra manera de resolver conflictos que se susciten en la Justicia en general y, en especial, en el fuero penal juvenil: me refiero a la utilización de mecanismos de justicia restaurativa. El año pasado, el tribunal organizó una Jornada de Reflexión sobre Prácticas Restaurativas”.

En este tipo de casos la Justicia utiliza mecanismos de justicia restaurativa así como programas de control y acompañamiento del joven infractor. El año pasado, se llevó a cabo una Jornada de Reflexión sobre Prácticas Restaurativas donde especialistas en el tema expusieron las primeras experiencias en esta línea.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional presentó un protocolo de actuación inédito, que evita la judicialización del conflicto, y permite a los jóvenes asumir y reparar el daño causado. Es un acompañamiento de el/la joven infractor en el tránsito por el proceso penal que es voluntario y resulta de una “audiencia de acuerdo restaurativo” en función de lo que “necesita cada joven”. Un equipo interdisciplinario es el encargado de la supervisión de su cumplimiento.

Silvia Susana Fernández, titular de la Prosecretaría de Intervenciones Socio-jurídicas  de la  Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, explicó en diálogo con Tiempo Judicial que “la tarea de los equipos se desarrolla en pleno curso de la persecución penal, sin una resolución firme acerca de la responsabilidad y por lo tanto, en el ámbito de vigencia del principio de inocencia”.

La funcionaria de la justicia penal juvenil analizó que “nos proponemos que el joven comprenda su situación dentro del sistema penal, las alternativas del proceso y los efectos que su actitud –compromiso o falta de él -puede generar al momento de decidir la eventual imposición de una pena”.

La actuación de estos “equipos interdisciplinarios” se da en el marco de la “disposición” regulada por la ley 22.278 donde el proyecto “alude a la necesidad de alcanzar soluciones alternativas al conflicto frente a la presunta comisión de delitos, de forma tal de evitar la realización de juicios en donde resulten acusados, con la consiguiente estigmatización y padecimientos que tal proceder implica”.

Por otro lado, el Ministerio Público de la Defensa de la Nación implementa desde 2012 en la Justicia Civil y luego arribó al fuero penal de menores el programa de Resolución Alternativa de Conflictos coordinada por Silvana Greco a través de herramientas de negociación, mediación y conciliación, para la gestión de los conflictos de los jóvenes. Actualmente el PRAC está integrado por tres cotitulares -magistrados defensores-, y un equipo técnico de dos mediadores, abogado y trabajador social, a los que se incorpora un psicólogo especializado en niñez y adolescencia, cuando se realizan procesos conciliatorios con jóvenes en conflicto con la ley penal. Es confidencial y tiene carácter reservado.

Esta «mediación» cuando los imputados son adolescentes y jóvenes entre 16 a 18 años, en la instancia de admisión, participa algún familiar o adulto responsable, así como también pueden participar otros representantes de la comunidad, como recurso de sostén para el joven o para la persona víctima.

En el programa también se busca que este diálogo sea «restaurativo» mediante un proceso que convoca al «joven infractor en su capacidad de sujeto de lenguaje y que se ocupa de atender las causas que lo han llevado a delinquir».

Según datos de la defensoría genera de la Nación, entre noviembre 2018 y mayo 2019, se trabajaron 5 casos, del total de 15 derivaciones recibidas en la instancia penal de instrucción. Tres de ellos por conflictos a raíz de la realización de falsas amenazas de bombas a escuelas -delito de intimidación pública-; uno por robo de bicicletas del garage de un edificio; y uno por robo de celular y lesiones. En dos de ellos los diálogos restaurativos entre los jóvenes imputados y las personas damnificadas, se concretaron en sendos acuerdos que fueron homologados y cumplidos por el programa.

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