Distintas organizaciones le enviaron una carta al Consejo de la Magistratura de la Nación para pedir que cambie el modo de realizar los concursos para jueces y juezas. 

“El país está sometido a un permanente trauma institucional, proveniente de la persistencia de un sistema de autoridades judiciales subrogantes o trasladadas que -pese a los distintos nombres que se les ponga y a los intentos de justificarlos- constituye un grave atentado al régimen constitucional de nombramiento de jueces y juezas, que es uno de los pilares de la independencia judicial, así como una garantía de la ciudadanía y no un privilegio de este tipo de funcionarias y funcionarios públicos”, expresaron 

La carta lleva la firma de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), la Unión de Usuarios y Consumidores, y Poder Ciudadano. 

“La subrogancia debe ser un mecanismo simple, destinado a suplencias muy cortas o relacionadas con un caso en concreto, y no para atribuir una multiplicidad de casos o los de un tribunal o juzgado completo”, enfatizaron 

Sobre este punto advirtieron que el origen de este problema se encuentra en el modo y la duración de los exámenes que realiza el Consejo de la Magistratura. “Es inadmisible que esos concursos duren años, se realicen por jurados no conocidos, estén sometidos a impugnaciones oscuras y que la entrevista que realiza el propio Consejo tenga un peso excesivo en la decisión final. Es indispensable y urgente cambiar este sistema. No hay excusas para no hacerlo, dado que existen todas las facultades legales para ello”, completaron. 

En ese sentido, enumeraron una serie de propuestas, entre ellas: convocar a examen general para jueces y juezas de las distintas instancias y fueros, con independencia de las vacantes que ahora existen. Asimismo, que estos exámenes generales no consistan solo en la resolución de un casi, sino que evalúen otras aptitudes esenciales de la tarea judicial, como su compromiso con los derechos humanos, la perspectiva de género, la ética y autonomía para tomar decisiones. 

También, hicieron mención a que se debe establecer un mecanismo transparente de análisis de antecedentes de todos los candidatos y candidatas que se conozca con antelación a los exámenes y que las impugnaciones a esos resultados sean decididas también por un jurado técnico independiente y no por los miembros del Consejo de la Magistratura. 

Además, pidieron establecer jurados técnicos independientes de alta calidad y de completa dedicación al conjunto de exámenes (realizados con una periodicidad determinada) y que tenga una integración más amplia e incluso interdisciplinar.

Por último, solicitaron que las ternas se formen con los tres primeros de esa lista y reducir la entrevista sólo a un conocimiento correctivo de los puntajes, con una incidencia limitada con anterioridad, menor y razonable.

Las organizaciones concluyeron que “hay que comenzar a poner solución a las prácticas inconstitucionales en materia de designación de jueces y juezas”. 

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