A comienzos del mes de julio se viralizaron en redes sociales las fotos de una familia de carpinchos al lado del alambrado del Country “Abril”, ubicado en la localidad de Hudson, partido de Berazategui. Los animales fueron desalojados de la laguna del predio, lo que motivó a distintas organizaciones a iniciar acciones judiciales. 

Una de las presentaciones la realizó la Asociación Lucha por la Integridad Social y el Derecho Animal (ALUISA). En diálogo con Tiempo Judicial, la presidenta de la asociación, Eliana Couso,  explicó que cuando tomaron conocimiento de la situación realizaron la denuncia penal, que se enmarcó en la Ley 14.346 que establece penas para las personas que maltraten o hagan víctimas de actos de crueldad a los animales. 

Más allá de si se está infringiendo alguna ley provincial o alguna cuestión medioambiental, la denuncia está hecha en el contexto del delito penal porque consideramos que se cumple con uno de los incisos que es el de sufrimiento innecesario al apartar a los animales de esa manera de su hogar y de su familia, generando que no estén en su medio ni tengan forma de alimentarse apropiadamente y otras cosas que hacen a ese sufrimiento innecesario”, detalló. 

En el caso intervino la fiscal Silvia Borrone a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 2 Descentralizada de Berazategui. Finalmente, la Dirección de Flora y Fauna bonaerense trasladó a los animales a la reserva ecológica ECAS del Parque Pereyra Iraola. 

No obstante, Couso puntualizó:  “Más allá de que los lleven al ECAS, eso no quita que los haya maltratado. Se tiene que investigar y condenar de alguna manera. Habrá que determinar quiénes son los responsables, quién dispuso que había que meterlos en jaula trampa y sacarlos”. 

En la denuncia pidieron que se investigue las presuntas violaciones sanitarias y de bienestar animal y ambiental ocurridos en el Country Abril. “Este tema tiene muchas aristas. La cuestión de los carpinchos es la punta del iceberg”, agregó. 

Por otra parte, la abogada Laura Velasco, Directora del Instituto de Derecho Animal del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), junto a dos letradas, también realizaron una denuncia. En comunicación con este medio Velasco explicó: “Cuando tomé conocimiento de los hechos realicé la denuncia el 3 de julio en la UFIMA, que es la Unidad Federal de Investigación en Materia Ambiental”. 

En el escrito explicaron:  «Están caprichosamente sacando y sin protocolo alguno, especies autóctonas como carpinchos, gansos y otros, porque al parecer a algunos de los propietarios del Country “les molestan” esas especies silvestres. Hay una laguna en ese predio y familias enteras de esas especies conviven allí. Todo ello sin control de un organismo de fauna respectivo”. 

En ese sentido, detallaron que los hechos resultan violatorios de los artículos 41 y 43 de la Constitución Nacional, la ley de Conservación de la fauna silvestre N°22.421, ley General de Ambiente N° 25675 y la ley de maltrato animal y crueldad al animal Ley N°14346.  

Instamos a que cese esos actos contrarios a la vida y al medio ambiente. Que vuelva todo a su estado anterior, sin alambrados ni dispositivos extraños a la vida natural. Y si deben ser reubicados esos animales, que se lo efectúe con el protocolo correspondiente, con profesionales acordes, biólogos, veterinarios, especialistas, y las medidas adecuadas conforme a un estudio de impacto ambiental”, solicitaron. 

En las últimas horas Velasco presentó una ampliación de la denuncia original, debido a que balearon a dos carpinchos, electrificaron el alambrado, entre otros hechos. También, reiteró que se adopten las medidas de protección necesarias para la fauna y la flora del lugar. 

“Pedí un informe de los planos para saber en qué situación quedaba la laguna y quién dio el permiso para la construcción del predio, si hubo un informe de impacto ambiental, quién dio la autorización a nivel municipal. La laguna es un reserva natural, no tiene por qué estar dentro de un country”, completó.

Por último, analizó: “El tema tienen varias capas. De la situación se desprenden varios tipos penales. Habría que sentar jurisprudencia para que esto no vuelva a ocurrir”. 

Por otra parte, desde la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, presentaron una nota a la Directora Provincial de Fiscalización Agropecuaria, Alimentaria y de los Recursos Naturales bonaerense,  Viviana Di Marzio, solicitando que se apliquen las multas pecuniarias correspondientes debido a que “la administración del emprendimiento urbanístico ha incurrido en sendas violaciones al Código Rural de la Provincia de Buenos Aires debido a la inexistencia de un acto administrativo que autorice en forma expresa la captura de los carpinchos”. 

Leer nota completa en : www.tiempojudicial.com.ar